Una vez más ha reiterado la Corte Constitucional en sentencia de revisión de tutela de febrero 2011, que el concepto de Mínimo Vital cuya protección constitucional se pretende en las acciones de tutela, por no reconocimiento de la pensiones legales, depende del estatus socioeconómico que haya alcanzado el accionante a lo largo de su vida.
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